Ushuaia 02 de julio 2025.- El reconocido abogado y especialista en cibercriminalidad, Dr. Jorge Pintos, se refirió en duros términos a la situación del juez de cámara Dr. Gustavo Leonelli, investigado por la tenencia de material de abuso sexual infantil. En diálogo con Radio Provincia, Pintos analizó el caso a partir de lo trascendido públicamente y de las declaraciones de la defensa, y sostuvo que el magistrado podría estar involucrado en tres artículos del Código Penal.
“La defensa no solo no cierra, sino que agrava la situación del doctor Leonelli”, afirmó Pintos, tras hacer referencia a las declaraciones de su abogado defensor, Dr. Arisnavarreta, quien justificó la tenencia del material alegando que se trataba de contenido relacionado con causas judiciales y que fue almacenado en una nube privada por falta de recursos del Poder Judicial.
Pintos fue categórico: “El artículo 128, segundo párrafo del Código Penal, penaliza la simple tenencia de imágenes de pornografía infantil. El solo hecho de guardar ese contenido en un sistema de almacenamiento propio ya constituye un delito, más aún si se trata de un juez que revisa causas vinculadas con estos temas”.
Tres posibles delitos
Según explicó, Leonelli podría estar incurso en los siguientes delitos:
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Artículo 128, segundo párrafo: tenencia de material pornográfico infantil.
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Artículo 248: incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Artículo 153 bis: captación indebida de archivos o imágenes de sistemas privados o de acceso restringido.
“A confesión de parte, relevo de prueba”, sentenció Pintos, al señalar que el propio defensor reconoció que el juez tomó imágenes de un expediente judicial y las almacenó en una nube privada. “Eso demuestra que fue a sabiendas. No se trató de un accidente o un archivo que se descargó sin saberlo. Fue deliberado”, remarcó.
Además, advirtió que la explicación técnica de la defensa es inverosímil: “El juez no necesitaba almacenar nada en una nube. Las imágenes, si forman parte de un expediente, se acceden con autorización y se consultan directamente en la computadora del juzgado. Bajo ningún punto de vista se pueden copiar o guardar”.
“El Superior Tribunal debería suspenderlo”
Pintos también puso el foco en la gravedad institucional del caso: “Estamos hablando de un juez que revisa causas por abuso sexual infantil, grooming, tenencia y distribución de pornografía. Es inaceptable que continúe en funciones mientras se lo investiga por tener ese tipo de imágenes en su poder. El Superior Tribunal de Justicia debería suspenderlo de inmediato, o el propio juez pedir licencia”, expresó.
Asimismo, cuestionó el uso de una nube personal de Google por parte del magistrado, cuando el Poder Judicial cuenta con una plataforma oficial de almacenamiento contratada con Microsoft. “¿Por qué usó una nube propia? ¿Para consumo personal? ¿Para compartir las imágenes más adelante? Cualquiera de esas hipótesis es gravísima”, dijo.
Delito de peligro
El especialista recordó que el artículo 128 está concebido como un delito de peligro, lo que significa que no se necesita probar que se difundieron las imágenes, sino que basta con acreditar la tenencia. “Una vez que esa imagen sale del sistema judicial, es imposible controlar su destino. Puede ser hackeada, robada o compartida”, explicó.
Por último, Pintos remarcó la necesidad de que el Ministerio Público Fiscal actúe con la máxima rigurosidad, garantizando la cadena de custodia de los archivos digitales y evitando cualquier posible nulidad en el proceso.
“La propia defensa admitió los hechos. Lo que resta ahora es que se actúe con responsabilidad y celeridad institucional. Porque esto, además de ser un hecho penal, compromete la credibilidad del Poder Judicial en su conjunto”, concluyó.