Río Grande, 22 de junio 2025.- La abogada Adriana Varisco confirmó que impulsa una denuncia penal ante la Justicia Federal por una serie de hechos que, según señaló, evidencian un manejo irregular de fondos dentro de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. La presentación incluye la presunta comisión de delitos como malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y asociación ilícita, en el marco de actividades que involucran no solo al servicio eléctrico, sino también a otras áreas operadas por la entidad.

“Antes de esta denuncia formal, se había presentado una nota al INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) solicitando una investigación interna por el mal funcionamiento de los fondos. El organismo designó un veedor, pero nunca recibió la documentación necesaria por parte de la cooperativa”, explicó Varisco. Esa situación fue, según afirmó, uno de los principales detonantes de la presentación ante la Fiscalía.

La denuncia inicial alcanza a tres integrantes de la actual administración de la Cooperativa: Santiago “Paqui” Barrientos, Segundo Santana y Ezequiel Croc. Sin embargo, no se descarta que la investigación pueda ampliarse a otros actores. “Se plantean más de 20 hechos vinculados a una gestión presuntamente fraudulenta de fondos públicos. La cooperativa no es una empresa privada, tiene fines sociales. Si los fondos se usan para otros fines, es malversación”, aseguró la letrada.Entre los puntos críticos denunciados se menciona el uso de tarjetas corporativas con gastos injustificados, posibles viajes al exterior, e incluso pasajes para asistir al Mundial de Fútbol. “Es dinero de los vecinos. Hay registros de viajes internacionales, a Miami, al Mundial, incluso recientes al Mundial de Clubes. Y eso se paga con la factura que los fueguinos abonan todos los meses”, denunció Varisco.

Otro de los hechos más graves tiene que ver con el presunto encubrimiento de grandes deudas impagas por parte de usuarios vinculados a la conducción de la entidad. “Hemos detectado casos donde existen deudas millonarias sin gestión de cobro, y los titulares resultan ser familiares o personas cercanas a integrantes de la administración”, afirmó.

Además, la letrada sostuvo que la propia Justicia deberá requerir balances, movimientos bancarios y otra documentación clave para determinar responsabilidades. “La cooperativa debería tener sus números en orden. Si no se presentaron balances ante el INAES o la IGJ, también deben dar explicaciones. Las cooperativas deben cerrar sus ejercicios con balance cero. Si hubo remanente, debería haberse devuelto a los socios o reflejado como una quita en las facturas”, indicó.Por su parte, el ex vicepresidente de CAMMESA, Mario Cairela, sumó su voz en las últimas horas con fuertes declaraciones. En diálogo con «La Licuadora», aseguró que recibió un intento de soborno por parte de un ex gerente de la cooperativa y confirmó haber sido testigo de “años de saqueo” dentro de la institución. “Me ofrecieron dinero. Hablamos de cifras que pueden llegar a millones. Es plata que sale de la cooperativa, que pagan todos los vecinos”, denunció Cairela.

La Dra. Varisco agregó que se solicitará al INAES que reclame ante la Justicia una intervención judicial –no administrativa– de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. “Esto ya no puede quedar en manos de quienes fueron parte del problema. La intervención judicial permitiría preservar la prueba, garantizar transparencia y reconstruir la confianza en una institución que presta servicios esenciales como energía, sepelio o la fábrica de premoldeados”, explicó.

En la medida en que avance la causa, los denunciantes planean constituirse como querellantes para proponer medidas, acceder al expediente y ampliar las acusaciones si así lo ameritan los elementos reunidos.

“Estamos hablando del manejo de fondos públicos y del respeto por la gente. No puede naturalizarse el uso de esos recursos para fines personales. Tiene que investigarse todo, caiga quien caiga”, concluyó Varisco.