Ushuaia 17 de junio 2025.- El Gobierno Nacional publicó los Decretos 333/2025 y 334/2025 que impactan directamente en la industria electrónica de Tierra del Fuego. El primero reduce aranceles de importación e impuestos internos, incluso para productos fabricados en la isla. El segundo habilita un régimen de pequeños envíos que permite la venta directa al continente.

Desde el sector público y privado fueguino se advierte que estas medidas, presentadas como “desburocratizadoras”, podrían debilitar el régimen de promoción industrial de la Ley 19.640, poniendo en riesgo miles de empleos calificados y la sostenibilidad fiscal de la provincia.

La secretaria de Industria Alejandra Man señaló que la baja de aranceles en celulares amenaza la competitividad local y podría provocar cierre de líneas productivas. Además, advirtió que la reducción de precios al consumidor no está garantizada, ya que gran parte del costo final responde a logística, márgenes comerciales e impuestos nacionales. También remarcó la necesidad de reconversión progresiva y sustentada en las capacidades instaladas, pero con previsibilidad y sin abandonar el enfoque geopolítico: “Tierra del Fuego es frontera estratégica. El régimen no solo genera empleo: afirma soberanía.”

 

Ana Vainman, directora de AFARTE, coincidió en que la baja de impuestos internos es positiva, pero alertó que reducir aranceles implica un riesgo para el régimen y para el empleo, como ocurrió con las notebooks. Subrayó que importar productos terminados demanda más divisas, lo que agrava la situación en un país con escasez de dólares, y que el régimen fueguino debe analizarse también desde su rol en el arraigo y la soberanía nacional.

 

Por su parte, Juan Pablo Deluca, presidente de Río Grande Activa, fue contundente: “No es un plan de reconversión, es un plan de despoblamiento”. Advirtió que ya se están paralizando líneas de producción de celulares y que hay un riesgo real de pérdida masiva de empleo desde 2026. Sostuvo que el gobierno desvaloriza 50 años de desarrollo tecnológico e institucional en la provincia y que cualquier política que debilite esa capacidad, también debilita la soberanía nacional.

 

Desde una mirada más técnica, Paulino Rossi señala que la eliminación de aranceles y la baja de impuestos internos “no son medidas neutrales”, sino decisiones que alteran profundamente los incentivos fiscales que justifican la localización industrial en Tierra del Fuego. “El subrégimen fueguino fue concebido para compensar asimetrías logísticas y de mercado. Si se eliminan esas compensaciones, se desnivela completamente la cancha.”

Rossi advierte que el impacto puede no ser inmediato, pero sí progresivo y erosivo: “Esto va a desincentivar la inversión, a frenar la innovación y, eventualmente, a provocar cierres. La industria no se desarma de un día para el otro, pero si se deja sin sustento, se termina vaciando.”

También remarca que “el mayor problema no es económico, sino político”, ya que estas medidas se están tomando sin un proceso de diálogo ni una evaluación de impacto federal: “Decisiones unilaterales que afectan a economías regionales vulnerables como la de Tierra del Fuego, sin una política de transición ni un horizonte de desarrollo alternativo, son decisiones irresponsables.”

En conjunto, los referentes alertaron sobre el posible desmantelamiento del régimen fueguino bajo el argumento de fomentar el consumo, e insistieron en que cualquier cambio productivo debe contemplar el contexto geopolítico, las capacidades locales y el rol estratégico de Tierra del Fuego en el Atlántico Sur.