Río Grande 06 de junio 2025.- El contador Ramón Gallardo explicó al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia los alcances del sistema courier que están habilitadas a implementar las empresas adheridas al subrégimen industrial, con ventajas competitivas porque se podrá vender a precio de fábrica, con un valor inferior incluso por la eliminación de los impuestos internos para Tierra del Fuego.

“Técnicamente las operaciones de venta entre la isla y el continente son consideradas exportaciones, aunque sean realizadas dentro del mismo territorio nacional. El sistema de venta puerta a puerta, o famoso courier, salió en diciembre del año pasado para todo el país con excepción de Tierra del Fuego, que es un área aduanera especial, por eso hasta ahora no se había aplicado”, dijo.

“Una manera de compensar la baja de aranceles, fue bajar los impuestos internos del 9,5% a cero, y el courier fueguino, que permite la venta de los productos puerta a puerta. Son 47 millones de argentinos los que pueden comprar. El decreto 334 crea un régimen simplificado de importación de pequeños envíos de mercadería producida bajo el amparo de la 19640. Quedan habilitadas las empresas que adhirieron a la prórroga del subrégimen, no otras empresas, y los productos deben contar con la respectiva acreditación de origen”, detalló.

“Esos productos van a estar destinados a personas humanas con domicilio en el continente, únicamente para su uso y consumo particular, quedando prohibida la comercialización. De acá se desprenden dos cosas: primero, que queda excluida Tierra del Fuego porque es para el continente; y segundo, que la venta se va a hacer a consumidor final, con una factura B. Esto significa que las empresas se pueden quedar con el 100% del IVA que facturan y no hacer el aporte al FAMP”, aseguró.

“Los envíos no pueden superar por destinatario tres unidades de la misma especie, por persona, y son hasta 3.000 dólares por envío. Además dicen que las empresas interesadas en comercializar sus productos deberán habilitar un sistema de ventas que permita el acceso a esta operatoria mediante la modalidad online”, agregó.

“Esto significa que las empresas deberán tener no solamente una boca de expendio, sino un sistema de service, que muchas electrónicas ya tienen, para dar garantía por una rotura. Actualmente las empresas suelen tener un service de los productos que venden en el continente y se les permitía sacar repuestos. Antes se usaba una guía de removido y creo que la Aduana debería estar trabajando en un tipo de documento que la reemplace y en un sistema informático que le permita ejercer el control que le corresponde, porque tiene que identificar a las personas y que no superen las tres unidades por año, y que no lo usen para comercializarlo ni superen el monto de 3.000 dólares por año”, planteó.

Dentro de las ventajas frente a la importación de países vecinos, mencionó que “si a alguien se le rompe un celular que compró en Chile, no tiene a quién reclamar, en cambio si tiene una falla un equipo de Tierra del Fuego, va a contar con una garantía y se va a poder reparar”.

El contador consideró que los celulares se pagarían menos de la mitad que en la actualidad, unos 970 dólares para el Samsung que había mencionado el CEO de Mirgor, porque “las personas que compren desde el continente, van a pagar el valor FOB de salida del producto, que ya incluye la tasa de verificación de procesos productivos, Ingresos Brutos y las altas tasas municipales como el retiro de residuos. Como es precio final, va a estar incorporado el margen de utilidad y el IVA. Los impuestos internos se bajaron a cero, con lo cual el precio debería ser mejor todavía”, estimó.

“Las empresas hoy tienen la posibilidad de vender a consumidor final y tendrán que crear un sistema de venta que no tenían. A mi criterio personal tanto las empresas textiles como plásticas también puede acogerse, si bien se apuntó a la electrónica, pero una textil puede tener un puerta a puerta de venta de sábanas o algo por el estilo, porque habla de las empresas que adhirieron a la prórroga del decreto 727 y el decreto 524 que dio la prórroga a las textiles calza en el 727”, sostuvo.

Respecto de las fábricas que no podrán contar con este sistema, explicó que “si alguna empresa hace muebles, se trata de aprovechamiento de recursos naturales y no está dentro de la prórroga. El decreto 334 limita las ventas a las empresas que están adheridas a la prórroga del subrégimen”.Reforma fiscal

Por otra parte se refirió a la reforma fiscal y discusión de la coparticipación que ya está en agenda. “Los gobernadores que se reunieron en el CFI pusieron sobre la mesa la coparticipación y los puntos que se firmaron en el pacto de mayo. Por mayoría están queriendo que se discuta la coparticipación y una reforma tributaria, que es lo que se pide desde la Unión Industrial Argentina, CAME y distintas asociaciones. Es lo que se viene y vamos a tener diferentes jugadores, porque algunos están muy disconformes con la coparticipación, porque aportan más de lo que reciben; y en otros casos pasa al revés, porque reciben mucho más de lo que aportan”, señaló.

“Va a ser una discusión bastante preocupante para nosotros y tendremos que poner sobre la mesa lo que aportamos en gas por ejemplo. Si vemos la coparticipación que recibimos per cápita, ocupamos el número uno, pero nosotros estamos aportando gas y una serie de recursos que hay que poner en valor”, subrayó.

 

“Además el artículo 75 de la Constitución Nacional dice que la coparticipación debe contemplar aquellas provincias que están lejos del centro del país y ser equitativos, buscando la regionalización y el crecimiento de zonas alejadas. Estamos en ventaja con la Constitución Nacional y el gobierno nacional puede designar partidas superiores para quitar las desigualdades de determinadas regiones con respecto al centro del país”, analizó.

“Hay provincias que no hacen ningún tipo de esfuerzo, que están llenas de empleados públicos y les llueve la plata, y va a haber una disputa lógica”, avizoró el contador.