Río Grande 09 de abril 2025.- En el marco del conflicto por la instalación del radar de la empresa Leolabs en Tolhuin, el secretario de Gobierno de Río Grande, Dr. Gastón Díaz, expresó públicamente el respaldo institucional del Municipio a la acción judicial iniciada por el Municipio de Tolhuin, la cual busca el desarme y la demolición de la estructura.

“La presentación judicial es una acción directa, concreta y efectiva. Es la primera medida real para lograr, a través de una orden judicial, el desarme de esta obra que compromete seriamente la soberanía nacional, tal como lo indicó un informe del Ministerio de Defensa durante la gestión de Jorge Taiana”, sostuvo Díaz.

El funcionario explicó que, si bien el Municipio de Río Grande no es parte formal del litigio, se presentó mediante la figura de amicus curiae, aportando un documento legal que respalda la postura adoptada por Tolhuin. “Es una forma también de mostrarle nuestro apoyo al intendente Daniel Harrington y a los vecinos de Tolhuin”, señaló.

Díaz consideró que este paso judicial “invierte la lógica del debate” que se venía dando: “Durante mucho tiempo se discutió quién tenía la responsabilidad mientras el radar seguía operativo. Ahora, primero se acciona para detener su funcionamiento, y luego se podrán deslindar las responsabilidades políticas y administrativas”.

En ese sentido, también respaldó la necesidad de conformar una comisión investigadora en la Legislatura provincial. “No tiene nada de extraordinario. Si nadie tiene nada que ocultar, no debería haber inconvenientes. El Congreso Nacional lo hizo por temas que involucran al Presidente de la Nación. ¿Por qué no hacerlo en Tierra del Fuego por un radar que, según declaraciones públicas de la propia empresa en EE.UU., provee información al Reino Unido?”, argumentó.

Consultado sobre la situación actual del radar, Díaz fue categórico: “No existe ningún elemento probatorio, ningún informe oficial que acredite que el radar no está funcionando. Tenemos, en cambio, un informe del Ministerio de Defensa que advierte sobre una grave violación a la soberanía nacional”.

 

El funcionario también detalló el proceso administrativo en Tolhuin: “La resolución que ordena la demolición data de septiembre de 2023. La empresa presentó recursos que ya se resolvieron, ratificándose la decisión. Ante el incumplimiento, se dio inicio al proceso judicial correspondiente”.

Finalmente, subrayó que este conflicto no se limita a la defensa territorial: “Estamos hablando también de respeto por las normas locales. Ni una empresa privada, ni nacional ni internacional, puede venir a avasallar la normativa de un municipio. Lo dijo Harrington y lo sostenemos también desde Río Grande. Si esto hubiera pasado acá, hubiéramos actuado del mismo modo”.