Ushuaia 17 de marzo 2025.- En diálogo con El Cronista Urbano, por Radio Provincia, María José Pazos expuso la difícil realidad que atraviesan las familias de personas con discapacidad en Tierra del Fuego. Señaló que el acceso a la educación inclusiva sigue siendo una lucha constante debido a la falta de recursos, la burocracia y la indiferencia de algunos sectores del sistema educativo y del Estado.

Pazos denunció que muchas familias enfrentan trabas al solicitar acompañamiento para sus hijos en las escuelas. Según relató, en algunos casos los directivos llegan incluso a cuestionar los diagnósticos médicos que sustentan los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), obstaculizando el acceso a maestras integradoras o acompañantes terapéuticos.

Además, expuso la precariedad de varias instituciones educativas, mencionando casos como la Escuela N°16 y la Escuela N°34, donde las condiciones edilicias y la falta de personal agravan aún más la situación. “La discapacidad atraviesa múltiples aspectos de la vida y no se limita a un enfoque médico-asistencial. Pero todavía nos encontramos con estas barreras y con un Estado que mira para otro lado”, afirmó.

“Los políticos se llenan la boca hablando de discapacidad, pero nunca se acercan a conocer la realidad de las familias”, explicó que muchas veces se presentan proyectos en nombre de las familias sin convocarlas ni permitirles debatir en la Legislatura. “Nos piden asesoramiento, pero después nunca llegan al recinto”, agregó, en alusión a iniciativas que terminan en el olvido. Cuestionó la falta de reconocimiento del trabajo de cuidado que realizan las familias, en su mayoría mujeres, y exigió que se trate el régimen de licencias especiales para quienes cuidan a personas con discapacidad, una demanda que lleva años sin respuesta.

Pazos denunció, además, la falta de profesionales en el sistema de salud, lo que deja a muchas personas en listas de espera interminables. Aseguró que el Centro de Rehabilitación de la provincia, a pesar de su infraestructura, no cuenta con el personal suficiente para atender la demanda. Asimismo, criticó la decisión de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) de dar de baja el convenio con el centro CIKRU, dejando a numerosos pacientes sin atención. “El Estado no está garantizando el servicio que prestaban los privados. ¿Van a hacer lo mismo con la Clínica San Jorge cuando inauguren el hospital nuevo?”, cuestionó, en referencia a declaraciones de la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chaperón.

En este punto, fue especialmente crítica con el gobierno provincial, al que acusó de haber hecho promesas vacías y no haber avanzado en soluciones concretas en cinco años de gestión. “Nos prometieron cambios, mejoras en la atención, más apoyo para las familias, pero la realidad es que hoy estamos peor que antes. No hicieron nada. No hay respuestas, no hay políticas públicas efectivas, solo abandono y excusas”, denunció.

María José Pazos denunció, que las familias con discapacidad recibían módulos alimentarios que fueron reemplazados por una tarjeta de compra con un monto insuficiente. Además, advirtió que el subsidio para personas celíacas, esencial para la compra de alimentos especiales, lleva más de un año sin pagarse.

Ante la falta de respuestas, adelantó que las familias seguirán visibilizando sus reclamos. Destacó la participación de mujeres cuidadoras en la marcha del 8M con una bandera propia para exigir reconocimiento y apoyo del Estado. Por último, lanzó un mensaje claro a quienes tienen responsabilidad en la gestión de políticas públicas: “Nos quieren hacer creer que todo da lo mismo, que pueden avasallar nuestros derechos sin consecuencias. Pero sepan que no somos idiotas. Vamos a seguir luchando hasta que se nos escuche, se nos respete y se nos devuelvan los derechos que nos han arrebatado”.