Ushuaia 11 de marzo 2025.- La representante de la organización ambientalista Maneken, Nancy Fernández, en declaraciones al Cronista Urbano, advirtió sobre intentos de modificar la Ley de Pesca en Tierra del Fuego y señaló la preocupante privatización de espacios públicos en la provincia. Además, puso en foco la falta de controles en la obra de ampliación del sistema de telesillas en el Glaciar Martial, financiada por el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), a la que calificó como «una obra desprolija y sin garantías de fiscalización adecuada».

Ley de pesca: un debate que vuelve con presiones empresariales

Fernández alertó sobre nuevos intentos de modificar la Ley de Pesca y Acuicultura, una discusión que, según su punto de vista, «ya se había saldado». Cada vez que se reabre el debate sobre la incorporación de la salmonicultura en la provincia, surgen inquietudes por el impacto ambiental que podría generar. «Sabemos que hay presiones de algunos sectores industriales y empresariales, como lo vimos con la producción de mejillones para exportación», denunció.

La activista señaló que el problema radica en la escala de la producción. «Si la acuicultura se realiza en sistemas terrestres cerrados, con especies nativas y para abastecer el consumo local, es una alternativa viable. Pero si se pretende instalar un modelo industrial en lagos, ríos o el mar, es algo a lo que nos vamos a oponer siempre», enfatizó. Para Fernández, permitir la salmonicultura a gran escala sería «sacrificar nuestras aguas limpias para abastecer mercados extranjeros», algo que atenta contra la soberanía alimentaria y el equilibrio ambiental.

Obra en el Glaciar Martial: falta de controles y privatización encubierta

En otro orden, Fernández también se refirió a la ampliación del sistema de telesillas en el Glaciar Martial, una obra financiada por INFUETUR. «Lo que está pasando allí es desprolijo y carece de fiscalización adecuada. Se está expandiendo el sector donde van las torres para dos nuevas sillas, que llegarán hasta un mirador más alto que el refugio original. Pero la forma en que se lleva adelante la obra es alarmante», criticó.

La ambientalista denunció que, pese a no ser un área protegida ni un espacio público formalmente reconocido, el acceso al Glaciar Martial ha comenzado a ser tarifado, lo que podría sentar un precedente peligroso. «Nos encontramos con la sorpresa de que ahora cobran para ingresar a un lugar históricamente público. Esto recuerda a lo que pasó en Cerro Arakur, donde se intenta restringir el acceso a una zona clave para la comunidad», comparó.

 

Además, Fernández cuestionó el rol del Estado en la fiscalización de estas obras y denunció un avance del modelo privatista en la provincia. «Pareciera que algunos gobiernos están cómodos con la idea de correrse de su rol de fiscalizadores y dejar todo en manos de empresarios. Es una tendencia preocupante, porque lo que antes era de acceso público, ahora se convierte en un espacio exclusivo para quienes puedan pagarlo», advirtió.

Finalmente, instó a la comunidad a involucrarse y visibilizar estas problemáticas. «Las organizaciones ambientalistas no podemos hacer mucho más que denunciar en redes sociales y tratar de concientizar. Es fundamental que la ciudadanía participe y reclame un modelo de desarrollo que respete el ambiente y garantice el acceso público a estos espacios», concluyó.