El Banco Mundial volvió a poner bajo la lupa el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y lo calificó como una “política industrial fallida”, al estimar que representa un costo fiscal cercano a los 1.070 millones de dólares anualespara el Estado argentino.
La evaluación fue incluida en el informe “Panorama Económico de América Latina y el Caribe”, donde el organismo internacional analizó el impacto de los programas de promoción y advirtió que aquellos que se mantienen durante largos períodos sin plazos definidos ni mecanismos de revisión pueden generar incentivos contraproducentes y alejarse de los objetivos para los que fueron creados.
Si bien el Banco Mundial reconoció que el régimen fue implementado con objetivos de desarrollo económico y promoción del empleo en la provincia, cuestionó su evolución a lo largo de las últimas décadas y atribuyó parte de sus problemas a “interferencias políticas y fallas de diseño”.
Entre los principales cuestionamientos, el informe señaló que las exenciones arancelarias permiten a las empresas radicadas en Tierra del Fuego importar insumos sin pagar derechos de importación, lo que les otorga ventajas frente a productores instalados en el resto del país.
Asimismo, sostuvo que una parte de las empresas beneficiadas genera un bajo nivel de valor agregado y mantiene una fuerte dependencia de los beneficios fiscales para sostener su actividad, sin que ese esfuerzo se traduzca necesariamente en mejoras significativas en materia de productividad, innovación o desarrollo tecnológico.
Las conclusiones del organismo internacional reavivaron el debate sobre la continuidad y el diseño del régimen de promoción industrial, uno de los principales instrumentos económicos de Tierra del Fuego desde hace más de cinco décadas, y abrieron nuevamente la discusión sobre su costo fiscal, sus resultados y la necesidad de establecer mecanismos de evaluación y revisión de los beneficios otorgados.
