Ushuaia 22 de abril 2017.- La legisladora Myriam Martínez (FPV – PJ) presidió –ayer- la reunión de la Comisión de Legislación General (1). Se abordaron temas pendientes de tratamiento y se dictaminó sobre un convenio de fortalecimiento con Nación.

En primer término, los Parlamentarios abordaron el asunto 025/17, proyecto de Ley de enmienda constitucional propuesto por el Ejecutivo provincial. Entre los fundamentos, la gobernadora Dra. Rosana Bertone menciona la “necesidad de receptar, en el texto de nuestra Carta Magna Provincial, y plasmarlo así para las generaciones presentes y futuras, la reivindicación de las Islas Malvinas como parte de nuestra historia como Provincia, que se eleva por sobre las divisiones políticas e ideológicas de nuestra sociedad”.

Por sugerencia de la Presidenta de la Comisión, acordaron una nueva reunión para el próximo miércoles 26, donde serán invitados los actores involucrados e interesados en la temática.

Luego, trataron el asunto 048/17, que refiere al decreto provincial 446/17. El mismo ratifica una carta de intención firmada entre el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales, en agosto de 2016.

En el convenio, el Gobierno nacional se compromete a devolver a las provincias, de manera escalonada y progresiva, el quince por ciento (15%) de la coparticipación que se les retiene indebidamente desde 1992. También, se obliga a las distintas jurisdicciones a buscar un equilibrio fiscal, con fecha límite al año 2019. En el mismo documento, se propone analizar una propuesta para modificar y adaptar a los tiempos actuales, la Ley de Coparticipación Federal.

Por último, la mesa de debate parlamentaria recibió al ministro de Salud, doctor Marcos Colman, acompañado de parte de su equipo técnico. Fue para abordar el asunto 471/17, que establece la condición de no ser adicto a drogas ilegales para las personas que ocupen cargos políticos y públicos.

El legislador Ricardo Furlan (FPV – PJ), expuso los fundamentos del proyecto, que “fue tomado por todos los bloques parlamentarios”. Remarcó la importancia de incluir en el texto propuesto, que sea de “orden público”. Así, aclaró que debe alcanzar a todos los funcionarios públicos, “desde la Gobernadora hasta el último, sea del Poder Judicial, Legislativo, los municipios, todos los que tengan responsabilidades directas sobre el manejo de la cosa pública”.

A su turno, el ministro de Salud, Marcos Colman, aseguró que desde la cartera sanitaria provincial “la capacidad para realizar estos estudios la tenemos, pero no estamos preparados para la magnitud de análisis que va a generar la aprobación de este proyecto”, dijo. El titular de la cartera, adelantó que “sería cuestión de prepararnos primero, desde el punto de vista de infraestructura, equipamiento y personal, para luego poder dar respuesta a la demanda que va a generar la implementación de esta medida”.

“Hay una serie de cuestiones que hay que afrontar” sostuvo, entre las que detalló el costo económico, espacio físico, equipamiento y personal, pero aseguró que “no estamos en contra de este proyecto, pero hay que hacerlo seriamente y estar preparados como corresponde”, concluyó.