Ushuaia 10 de julio 2018.- En medio de la necesidad imperiosa de reducir el déficit fiscal, el Gobierno de Tierra del Fuego aceleró en las últimas horas el proceso para achicar la cantidad de empleados públicos, de acuerdo con el plan de retiros voluntarios establecido por ley desde diciembre pasado.

La gobernadora Rosana Bertone reglamentó la norma que como elemento diferenciador suma una bonificación especial de 150 mil pesos por única vez quienes accedan al beneficio.

“Cuando asumí tomé la responsabilidad de sanear la economía de una Tierra del Fuego al borde de la quiebra. No fue fácil. No vivo en una burbuja, y sé que todos los empleados de la administración pública y jubilados han hecho y hacen un sacrificio enorme, pero entendí y entiendo que debo gobernar con responsabilidad, y que en el futuro cercano se verán los frutos”, defendió la mandataria del FpV.

El alto impacto presupuestario que tiene la masa salarial “dificulta seriamente el planeamiento e implementación de políticas públicas, imposibilitando además lograr el equilibrio en las cuentas y la sustentabilidad de las finanzas provinciales”, sostiene la norma.

El Decreto 1709, que fue dictado el jueves 21 de junio, define dos cuestiones sustanciales, según precisa el Diario del Fin del Mundo. Por un lado, establece que el régimen entrará en vigencia el miércoles 1 de agosto, fecha a partir de la cual comienza a regir el plazo de “60 días corridos” para que los interesados presenten la solicitud de acogimiento. Por el otro, fija en 150 mil pesos el monto de la bonificación que por única vez percibieran quienes accedan al retiro voluntario, que se adiciona a la “suma no remunerativa equivalente al 60% de la remuneración del agente -excluidas horas extras, guardias, sueldo anual complementario, viáticos, asignaciones familiares y cualquier otro concepto cuyo pago no reúna los requisitos de periodicidad mensual, normal y habitual- por el plazo de hasta 36 meses”.

El régimen de retiro voluntario implementado en Tierra del Fuego se encuadra dentro de “las metas fiscales trazadas por la Provincia, de acuerdo con los acuerdos de consenso fiscal con Nación y con las municipalidades, lo cual permitirá la existencia y aplicación de reglas claras y de mayor transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos”. 

La ley provincial 1.200 determina que podrán acceder “al beneficio” los empleados de los tres poderes del Estado, reparticiones u organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado provincial, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado “que hayan ingresado a planta permanente con anterioridad al 1 de enero de 2016”. 

Excluye de la posibilidad de acogerse al régimen de retiro “al personal policial, profesionales de la salud y el personal del servicio penitenciario”; “los agentes con sumario administrativo en trámite”; “quienes se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la administración pública provincial”; “quienes hubieran presentado su renuncia, aun cuando esta estuviera pendiente el acto formal de aceptación” y “quienes tengan otorgado un beneficio previsional con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente, con excepción de los beneficios otorgados por fallecimiento del cónyuge”.

Fuente: Ambito Financiero