En ese sentido, la Mandataria explicó que “basta mirar los presupuestos para ver que desde el 2008 a la fecha no hubo aumento de la planta. Todas las designaciones que se hicieron fueron reemplazos de jubilaciones, exoneraciones, cesantías, fallecimientos o renuncias, salvo las 300 plantas autorizadas para seguridad, que se produjeron en dos tramos de 150”.
Por ello, la Gobernadora consideró no saber si desconocen cuál es el estado de derecho, si lo desprecian, si actúan por desconocimiento o por mala fe. Además, recordó que “hace 5 años por indicación legislativa la entrega de plantas prioritarias es para salud, por lo que el 50% de las plantas se destinan a salud, y de cada 20 vacantes, una se destina, desde el año 2012, a la cobertura por Ley 48, es decir la incorporación de personas con discapacidad”.
A su vez, Ríos explicó que durante el Gobierno de Colazo se produjo un megapase en 48 horas, donde “se incorporó 50% del personal a la planta del Estado provincial, por encima de las plantas admitidas en el presupuesto provincial. A la planta personal que era de 8 mil agentes, le incorporó 4 mil y luego más de mil, a partir de la ley 661 y la 668”. 
Por otra parte lamentó que no hayan leído los proyectos presentados por el Ejecutivo provincial a lo largo de estos años. “La cuestión de los aportes extraordinarios de personas que cobran salarios más altos que el 82% de la Gobernadora, fue planteado hace 3 años por este gobierno. Ese proyecto ni siquiera lo trataron, y lo mismo sucedió cuando propusimos que los cargos políticos valieran en términos de antigüedad pero no en término de determinación de haber”, aseguró.
“De lo que habla esto es de un enorme desconocimiento y de una gigantesca irresponsabilidad por parte de quienes hacen uso de la palabra, y creen que además las cuestiones relacionadas con el IPAUSS se resuelven en el ámbito de la representación político partidaria. Ellos hablan de la clase política en un fallido intelectual, no hay clase política”, valoró.
Y agregó que “lo que no citan son los informes actuariales que desde el año 1996, 2006, 2008, 2010 establecen que este sistema jubilatorio no sólo iba a ser deficitario sino que se dictaron las normas para que sea deficitario antes de tiempo. Parece que la CTA Autónoma no pone la autoridad en ninguna parte, sino la denotación en solo un lugar, que somos lo que tenemos la legitimidad pública para tomar decisiones y discutirlas”.
Al ser consultada sobre el tratamiento del proyecto elaborado por la CTA, la Gobernadora, aseguró que “tiene que correr una suerte distinta a la que ellos pretendieron, y que hicieron que corriera el proyecto del FPV. Tiene que ser discutido junto con todos los proyectos”, por lo que reflexionó que “trato de no tener el prejuicio de quien lo presenta, sino de, primero poder leer qué es lo que se dice, cosa que ellos no han tenido con los proyectos presentados por el Ejecutivo ni con el del FPV. Cuando uno tiene que respetar la institucionalidad, la tienen que respetar siempre”.
Finalmente, Ríos evaluó que “hay que tener la educación democrática suficiente como para que los proyectos, vengan de donde vengan, se abran para ser discutidos, analizados y mirados en términos de proyecciones a futuro. Creo que todos los proyectos tienen que ser leídos y analizados antes que ser descartados o archivados o no tratados”.
