Ushuaia 14 de diciembre 2017.- Firmado por la gobernadora Bertone y el Jefe de Gabinete Gorbacz, el gobierno embiste nuevamente contra los derechos de las PCD. Al igual que la Ley N° 1072 que dejara sin obra social a un gran número de pensionados, este nuevo proyecto de ley es totalmente restrictivo.
Cambia el foco de la Ley N° 389 que establece a la pensión RUPE como derecho de LA PERSONA, e intenta convertir a la RUPE en una ayuda económica para personas con discapacidad en situación de pobreza. La metodología que el Gobierno Provincial aplica para el otorgamiento de nuevas pensiones, es lo que ahora intentan legitimar con este proyecto de ley.
Cada vez que desde la Comisión de Discapacidad de la CTA-A, hemos patrocinado a PCD y a sus familias a la Justicia, en virtud de las demoras en el otorgamiento de su pensión, los fallos judiciales nos dieron la razón y sentenciaron que para acceder a este tipo de pensiones el aspecto económico del grupo familiar NO tiene relevancia alguna y que para el reconocimiento de los mismos NO tienen prioridad en su otorgamiento aquellas familias que no posean ingresos o padezcan necesidades tales que los coloquen como posibles sujetos vulnerables.
(El sueldo neto de la Categoría 23 que se usa de unidad de medida en el proyecto de ley para determinar si una persona puede acceder o no a la pensión es de aproximadamente $20.000)
Tampoco la falta de partida presupuestaria, es motivo suficiente para NEGAR este derecho, pues es obligación del Estado adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para su reconocimiento. Llamativamente el argumento del presupuesto finito está en los fundamentos de este proyecto de ley.
Si a esto le sumamos la violación flagrante al principio de progresividad del derecho (cuando se modifica una ley debe ser para otorgar nuevos derechos) ya que se restringe el universo de posibles beneficiarios y no está claro que sucederá con aquellos beneficiarios que ahora pasarían a no cumplir con los requisitos; por lo que se concluye que este proyecto es MANIFIESTAMENTE INCONSTITUCIONAL.
El artículo 2, que viene a maquillar este proyecto de ley, a disfrazarlo para confundir a la opinión pública; solo viene a reflotar el inciso e del artículo 18 de la ley N° 389 que nunca fue cumplido y que ya establecía que se abonaría el 50% de la pensión a aquellos jóvenes que accedieran a un trabajo, con el agravante que ahora le establece un plazo de 6 meses.
Reiteramos la convocatoria organizaciones y personas con discapacidad, a reunión mañana jueves a las 18:30 hs en la sede de la CTA, Magallanes 132 e instamos a los legisladores a no ser cómplices una vez más, de este nuevo atropello contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
SECRETARIA DE DISCAPACIDAD – CTA AUTÓNOMA
