Los doctores Carlos Cabrera y Rubén Zapponi, fueron recibidos por integrantes de la Comisión 5, donde expresaron su parecer sobre la utilización, por parte de prestadores privados, de quirófanos en hospitales públicos. Manifestaron su posición respecto del acta, los alcances y duración como así también, la designación de directores generales. 
En diálogo con Prensa Legislativa, la legisladora Liliana Martínez Allende (UCR), adelantó que darán parte a los órganos de contralor pertinentes, con el propósito de conocer su opinión sobre la modalidad de contratación. “Nos parece un contrato bastante amplio, donde se han dejado de lado muchas cuestiones para el resguardo del Estado provincial y del hospital público”, dijo.
La Parlamentaria, señaló como uno de los “problemas”, la extensión de la vigencia del acta. “No termina el 17 de diciembre, cuando se va este Gobierno, sino que tiene una duración de un año”. En este sentido, expresó la preocupación de la Comisión de Salud, al no tener en cuenta cuestiones internas relacionadas con el funcionamiento de los quirófanos, anestesiologia e insumos. “No tenemos insumos para la población en general, mucho menos, vamos a tener para darle a una empresa que va a lucrar con la utilización del hospital público”.
Sobre un contacto con la titular de la cartera, ministro Adriana Chapperón, la Parlamentaria dijo que aguardarán la respuesta de los órganos de contralor. Evaluó que es más importante que se reúna con los integrantes de SIPROSA. “Ella se ha comprometido a recibirlos la semana próxima”, cerró. 
En tanto, desde el FPV, la titular de ese espacio señaló que han analizado el texto normativo del acta acuerdo “y vemos que hay muchas puertas abiertas”. Señaló poca claridad respecto de las “responsabilidades de la empresa como del Estado en el cumplimiento del contrato”. Asimismo, agregó que han tomado la determinación de “enviar un pedido de información al TCP y Fiscalía de Estado”.
En este sentido, y en consonancia con la titular de la Comisión de Salud, Martínez mostró su objeción por la extensión en la contratación hasta el 27 de julio próximo. “Compromete al gestión de la gobernadora electa, Rosana Bertone”, dijo a Prensa Legislativa.
“Entendemos que va a contra mano de un hospital público, gratuito” y que vincula a una empresa “que nuclea a diferentes obras sociales deudoras de los hospitales públicos”. Entendió que, en un principio, el acta “pudo haber tenido buena fe y la Ley 1004, permite hacer este tipo de acuerdos”. Aunque también recalcó que esa normativa fue sancionada hace diez meses y aun no está en funcionamiento. Se trata de la ley de garantía de financiamiento de instituciones asistenciales de salud sancionada en noviembre último.
Martínez lamentó que, en el acuerdo, no se menciona “nada” respecto de la deuda que mantienen prestadores privados con el hospital público. “Estamos hablando que se le deben más de un millón 800 mil pesos”. Desde ese espacio político, aguardarán la respuesta de los órganos de contralor.
“No se puede gestionar la salud, con tanto retraso en la resolución de los problemas. Hablamos de salud. Estamos completamente seguros que el tema, es una cuestión de gestión y de la política clara que quieren llevar adelante”, sostuvo
