Ushuaia 9 de enero 2019.- “Bajar la edad de imputabilidad para menores a los 15 años es, como la compra de las pistolas Taser o el protocolo para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, una bomba de humo para tapar los problemas, minimizándolos y apelando a discursos efectistas que no tienen resultados concretos en la realidad cotidiana. Una política de seguridad seria requiere de una política de inclusión en lo social y lo económico para sacar a los millones de chicos que están sumidos en la pobreza y la indigencia”, analizó el titular de la mesa provincial de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), profesor y magister Fernando Temari.

El dirigente afirmó que “El verdadero problema que afecta a la seguridad es la pobreza estructural que deja expuestas a personas que advierten que no existen opciones frente al imperioso anhelo de bienestar. Existen 13 millones de personas en la pobreza e indigencia de acuerdo al informe que difundió en diciembre la Universidad Católica Argentina y muchos son pobres o indigentes al igual que sus padres y sus abuelos y en condiciones paupérrimas, tanto en el acceso a servicios públicos en barrios que conforman verdaderos bolsones de marginalidad cuanto en lo atinente a educación que les brinde las herramientas para tener empleos de calidad, en blanco y con las garantías que la seguridad social brinda”, analizó.

 

Por último, “La línea que sigue el Ejecutivo encabezado por el presidente Mauricio Macri de ratificar la mano dura como alternativa es discurso anacrónico que ya dio sobradas muestras de ser un fracaso. La mejor policía del mundo, como calificó Eduardo Duhalde, terminó siendo la maldita policía involucrada en un sistema de comisarías con puertas abiertas a base de complicidades para el delito y comisarios enriquecidos viviendo en casas fastuosas. Hoy se pretende seguir dándole herramientas a fuerzas de seguridad en un intento de oficializar la doctrina Chocobar cuando deberíamos poder atender problemáticas más complejas pero que van a ser el pilar para una política de seguridad. Cárceles habitables en condiciones de higiene y que sirvan efectivamente para rehabilitación y no como universidad para graduarse en perfeccionamiento de habilidades delictivas”.