Ushuaia 19-11-15.- El Dr. Juan Sánchez Otharán explicó que, en función de las novedades surgidas durante la declaración de los testigos y por la gravedad de lo sucedido, se quiso dar participación a los medios para informar a la sociedad, hasta dónde llega la peligrosa relación del poder político y el judicial.
El abogado del gremio docente, explicó que durante la declaración del ex secretario de Asuntos Registrales, Diego Boxer, al momento de ser interrogado, enunció que había sido contactado por un funcionario de la actual gestión de Ríos, indicó que «había recibido una serie de correos electrónicos donde inducían lo que debía declarar en el juicio».
También expresó al tribunal que lo habían acercado al Juzgado ese mismo día con un patrullero de la policía y que, previa cita con el mencionado funcionario se había hecho presente a declarar. Así mismo, explica que su declaración al momento de los sucesos del 23 de mayo fueron “por calentura” y que “como todos lo señalaban a Catena yo hice lo mismo”.
Expresó no conocer de cara al ex Secretario General Raúl Arce y que no vio en su momento al actual Secretario General Horacio Catena ingresando de forma violenta ni con palos. Frente a la mirada atónita del fiscal Massimi siguió su relato diciendo que tenía en su poder los correos electrónicos y que ponía a disposición su cuenta para que sea vista por el Tribunal. Dijo que él quería decir la verdad y que se sentía “el pato de la boda”.
Acto seguido el fiscal indicó que correspondía la detención del testigo por falso testimonio a lo que el presidente del Tribunal respondió negativamente puesto que al momento del juicio Boxer aseguraba la veracidad de sus dichos, por lo tanto no tenía lugar el pedido del fiscal.
El abogado explicó a los medios que esta situación ponía en tela de juicio a todos los testigos que se habían presentado durante la instancia judicial. Incluso dio a conocer que se está investigando si esta maniobra se había hecho extensiva al resto de los testigos que había presentado la defensa. La gravedad de la situación reside en que el fiscal pretende anular los testimonios de los funcionarios citados por la defensa, vale decir, dejar sin herramientas ni posibilidades jurídicas de elaborar su alegato.
También solicitó a los agentes de seguridad que, en el caso de que se hayan visto presionados a hacer lo mismo, no tengan miedo en denunciarlo para que la verdad sea descubierta. Explicó que esa situación no sólo exponía a una condena injusta a los trabajadores, sino que todo ciudadano podía verse perjudicado por esta práctica viciada de la justicia.
Mencionó que tiene elementos de peso para considerar que este hecho, seguramente es conocido por la Gobernadora puesto que el funcionario que envió el mail no sólo continúa en funciones actualmente sino que también se encontraba presente el día 23 de mayo junto a ella en su despacho.
Por último, manifestó que debido a la gravedad de lo ocurrido se iba a solicitar la suspención del juicio para que sean investigadas estas maniobras que ponen al descubierto lo que antes era una sospecha. Hoy, esas sospechas, dijo, son hechos concretos y para garantizar un Estado de derecho para la sociedad fueguina en su conjunto debían tomarse las medidas jurídicas correspondientes.
A la altura de los acontecimientos no dudó en asegurar que el juicio está viciado de irregularidades, considerando que se pone en juego lo más elemental en la vida democrática, haciendo mención que si debía hacerse el juicio, tenía que ser un juicio justo. A la luz de los hechos esto no es lo que está ocurriendo.
Fuente Facebook Sutef
