Femicidios: pandemia en la Argentina

Un femicidio cada 32 horas. Esa es la aterradora cifra que arrojan las frías estadísticas sobre violencia de género en nuestro país. Entre 2008 y 2017 (en este último año, de enero a noviembre) se registraron 2638 femicidios. Según el último informe de la Procuración General Bonaerense, en cuyo territorio reside el 39% de la población argentina, el 72% de los femicidios ocurrió en el ámbito de la vivienda, el 75% fue cometido por un familiar, pareja o expareja de la víctima, y en el 38% de los casos fue perpetrado con un arma blanca.

La Convención de Belém do Pará, firmada en 1995, define la violencia contra la mujer como «cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado». Por su parte, el Comité de Expertos de la OEA precisó el concepto de femicidio: se trata de «la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión».

Nuestra legislación incorporó esta figura en la reforma de 2012, tipificando en el Código Penal el homicidio cometido una contra mujer que fuere perpetrado por un hombre y en el que mediare violencia de género. Si bien no todas las agresiones a las mujeres desembocan en esta atroz delito, es función del Estado atender todas las alarmas para proteger a las víctimas y evitar que la situación llegue a ese extremo.

La consigna «Ni Una Menos», que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en nuestro país y en la región, se inspira en el lema de la activista mexicana Susana Chávez Castillo. Oriunda de Ciudad Juárez, ella lideró una campaña en pos del esclarecimiento de los femicidios cometidos en esa ciudad del estado de Chihuahua y fue asesinada en 2011, en circunstancias aún no aclaradas. «Ni Una Menos es un grito contra la violencia machista», señala en su blog el colectivo de periodistas, artista y activistas sociales argentinos que lanzó la primera gran convocatoria en la Plaza del Congreso, de Buenos Aires, el 3 de julio de 2015 y que ya lleva tres ediciones.

La llegada de Fabiana Túñez a la presidencia del Consejo Nacional de las Mujeres –designada por la ministra Carolina Stanley en diciembre de 2015– despertó una luz de esperanza, ya que se trata de una luchadora social que fundó en 2003 La Casa del Encuentro, una ONG que se ocupa de esta problemática, brinda asesoramiento a las víctimas y hace un seguimiento de los procesos por violencia de género en todo el país.

Cumpliendo con lo establecido por la Ley 26.485, sancionada por el Congreso en 2009, el Consejo aprobó un Plan Nacional de Acción 2017-2019 para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Entre las medidas que allí se impulsan, cabe destacar el fortalecimiento de la línea telefónica gratuita 144 de asistencia y prevención de la violencia de género, y la implementación de una red federal de atención que incluye la creación y consolidación de observatorios provinciales. Allí se establecen, además, dos protocolos nacionales: uno para hogares dedicados a la atención integral de mujeres en situación de violencia; y otro destinado al ámbito educativo, que contempla la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos curriculares y medidas dirigidas a la detección precoz de casos de violencia hacia las mujeres en las escuelas.

Si bien el tema ha cobrado notoriedad en los últimos años, dada la amplia cobertura de los medios de comunicación y las grandes movilizaciones de la sociedad, ya en la década del 90 la provincia de Buenos Aires había comenzado a dar los primeros pasos para la atención de esta problemática. Actualmente existen en territorio bonaerense 126 Comisarías de la Mujer y la Familia, además 34 oficinas de atención a víctimas de violencia de género, todas ellas dependientes del Ministerio de Seguridad Provincial.

En 2012 el entonces Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense aprobó un Protocolo de Organización y Funcionamiento de los Equipos Interdisciplinarios para la Atención de Víctimas de Violencia de Género, en el que se enfatiza la «función muy importante» que le cabe al personal policial por ser «el primero que escucha a la persona víctima». Entre las recomendaciones a los policías y profesionales que atienden estas denuncias, se sugiere escuchar el relato de forma activa no subestimar el riesgo; evitar dar consejos; no emitir juicios de valor; e informar a la víctima acerca del «valor de presentar una denuncia precisa y lo más detallada posible», aun cuando –matiza el protocolo– «se debe respetar el tiempo que la persona requiera y entender que debe estar preparada para denunciar».

En su informe 2014/2015 de monitoreo de políticas públicas y violencia de género, si bien se destaca la contribución de este tipo de instancias especializadas al significativo aumento del número de denuncias en sede policial, la Defensoría del Pueblo Bonaerense precisa que «las Comisarias de la Mujer y la Familia continúan careciendo de personal especializado y de los recursos económicos necesarios para funcionar efectivamente». «Esta carencia de recursos humanos, financieros y técnicos –añade la Procuración– afecta gravemente el rol que las Comisarías podrían tener en las distintas instancias de investigación y sanción de casos de violencia contra las mujeres».

Una experiencia que ha tenido relativo éxito, en el plano judicial, ha sido la de las fiscalías especializadas en violencia de género que se han ido constituyendo en la provincia de Buenos Aires. Actualmente existen dependencias de este tipo en siete de los diecinueve departamentos judiciales. «A estas unidades especializadas se les ha otorgado una competencia disímil. En algunos casos se abocan a la investigación de delitos sexuales. En otros casos abarcan temáticas que van desde el maltrato infantil hasta la violencia contra las mujeres, bajo el amparo de la ley de violencia familia», advierte la . «Emparentar estas conflictividades puede llevar a definir líneas de investigación erróneas, en las cuales en pos de salvaguardar los intereses de los niños o niñas, se invisibiliza el contexto de violencia contra las mujeres», argumenta el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que reclama «la creación en cada departamento judicial de al menos una Unidad Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, a cargo de operadores judiciales que acrediten una reconocida trayectoria y adecuada capacitación en la materia».

Finalmente, la Defensoría lamenta en su informe «la inexistencia de representación jurídica gratuita de mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito penal, las que quedan por fuera del proceso penal, en un estado de indefensión frente a las distintas resoluciones que se van adoptando». Al respecto, propone «la creación de un cuerpo de profesionales dependientes del Ministerio Público para representar judicialmente y en forma gratuita a las mujeres víctimas de violencia y a los familiares de aquellas mujeres que han sido asesinadas en contextos de violencia de género».

El camino por recorrer aún es largo, pero los argentinos parecen haber tomado conciencia de la gravedad de la situación y exigen a las autoridades medidas concretas para hacer frente a este verdadero drama que desgarra a nuestra sociedad.

*Esta nota fue publicada en la Revista DEF Nº. 117.