Ushuaia 12 de marzo 2019.- La Justicia de Ushuaia volverá a indagar a algunos de los diez imputados que tiene la causa penal donde se investiga la presunta venta de viviendas sociales de un complejo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a personas particulares ajenas al sindicato, según confirmaron ayer a EDFM distintas fuentes vinculadas al caso.
La ampliación de las indagatorias, que todavía no tienen fechas definidas, obedece a la aparición de “hechos nuevos” surgidos a partir de diferentes declaraciones testimoniales prestadas a fines del año pasado, dijeron los voceros consultados.
Los investigadores lograron demostrar la existencia de más personas que pagaron cifras de dinero diversas (algunas cercanas a los 700 mil pesos) a cambio de una casa del complejo de ATE que fue construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y que tenía como destinatarios exclusivos a los afiliados al principal sindicato estatal de la provincia.
A raíz de ello, el juez de instrucción Javier De Gamas Soler envió las actuaciones al fiscal de Ushuaia Nicolás Arias para que precise estos nuevos hechos y amplíe el requerimiento de instrucción.
De esta forma, el juez quedará habilitado para volver a indagar a los acusados (no a todos, sino a algunos) e imputarle formalmente los episodios delictivos que se sumaron a los anteriores.
Los imputados, entre quienes se encuentra el propio secretario general de ATE, Carlos Córdoba, declararon por primera vez en octubre de 2018.
Varios de ellos propusieron, a través de sus abogados defensores, la citación de nuevos testigos (alrededor de 20 personas) con lo que el tribunal produjo esa prueba antes de avanzar en nuevas definiciones.
Además de las versiones brindadas por los acusados surgió la existencia de nuevos damnificados por el mismo modus operandi de los casos ya conocidos.
“Más allá de la complejidad de la investigación, lo importante es que con el paso de los meses se va aclarando cómo fue la maniobra y quiénes fueron lo que la protagonizaron”, indicaron los voceros judiciales.
Córdoba fue uno de los primeros indagados de la causa, y aunque se negó a declarar, presentó un escrito donde brindó una explicación sobre uno de los audios que lo compromete.
En el audio extraído del teléfono de Daniel Belbey, el ex integrante de la comisión de viviendas de ATE relacionado con el caso que se quitó la vida el 1 de junio del año pasado, cuando los hechos se hicieron públicos, Córdoba utilizó la frase “no me trajiste verdes”.
El fiscal Arias interpretó que el gremialista se refería “a la entrega de moneda extranjera por el supuesto pago para acceder a los listados de las viviendas”.
Sobre ello, Córdoba detalló en el escrito que, en realidad, le había prestado dólares a Belbey, y que su ex compañero de comisión directiva “se los estaba devolviendo en pesos”, de ahí su comentario acerca de si le había “traído los verdes”.
Por otra parte, el sindicalista admitió que fue al IPV a realizar gestiones vinculadas con la construcción del barrio social en Barrancas del Río Pipo, pero negó haber solicitado la incorporación al listado de beneficiarios de viviendas de personas ajenas al gremio.
En ese punto, la afirmación de Córdoba se contradice con el testimonio prestado en la causa por la directora general del IPV, Marta Susana Benítez, quien declaró que tras el rechazo de siete postulantes que no resultaban afiliados, Córdoba “insistió respecto a la incorporación de los mismos a los listados de aspirantes, aún sin encontrarse afiliados al gremio”.
Según el fiscal Arias, la gestión del dirigente de ATE fue realizada “en compañía de Lilian Galli” y “en al menos dos oportunidades, coincidiendo con la nota presentada por Córdoba al ministro de Gobierno solicitando la inclusión de personas ajenas al gremio”.
Galli es otra integrante de la comisión directiva de ATE, ex secretaria de Acción Social, también imputada en la causa.
Fuente: El diario del fin del mundo