Ushuaia 15 de marzo 2018.- Las personas con discapacidad y familiares que integran la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma responden a las declaraciones de la Presidenta Margarita Gallardo.
Debido al malestar causado por las declaraciones de la Presidenta Gallardo en diversos medios de comunicación, nos vemos en la necesidad de informarle a la comunidad la situación de los afiliados con discapacidad  a OSPTDF. La sra. Gallardo desconoce públicamente que haya habido dificultades en las derivaciones durante los meses de diciembre, enero y febrero.
Sin embargo, la resolución de la Obra Social Nº 1966/17, firmada por ella; establece restricciones para las derivaciones de salud quedando supeditadas a un orden de prioridades establecido por  los médicos auditores.
Con el habitual desprecio con el que habla de los pacientes, la presidenta Gallardo, deja entrever una supuesta maniobra malintencionada por parte de los afiliados, entre los que no exceptúa  tampoco  a los afiliados con discapacidad, para que la obra social “pague” las vacaciones.
Desautoriza de esta manera a los profesionales que indican la necesidad de realizar controles o supervisar tratamientos; desconoce que muchas familias planifican las derivaciones para estos meses del año con el fin de que los niños en edad escolar no pierdan clases y que sus padres no deban pedir licencia en sus trabajos. ¿Acaso cree que es grato para nuestros hijos pasar las vacaciones en hospitales?
Algunas familias de nuestra Comisión hemos tenido que optar por pagar los pasajes y realizar los controles médicos pautados y necesarios. En algunos casos, al no viajar derivados por la obra social, también hemos debido abonar las consultas en los centros de salud tengan o no convenio con la Obra Social.
Gallardo sostiene que no queremos atendernos en los Hospitales de nuestra provincia, negando la triste falta de profesionales que toda la comunidad vive a diario. Es conocida la lucha de este colectivo por garantizar el derecho a la salud en nuestro lugar de residencia; y no está de más recalcar que en la ciudad de Ushuaia aun no contamos con un Centro de Rehabilitación para las PCD.
Vuelve a esgrimir sus argumentos en contra de los amparos judiciales, a los cuales considera como los responsables de romper la equidad del sistema. La gravedad de sus declaraciones en este sentido, nos indigna y nos duele; la Justicia otorga razón a los amparistas en virtud de leyes  existentes y no de caprichos de los ciudadanos.
El acceso a la Justicia para las personas con discapacidad también es  una materia pendiente en nuestra provincia. Son muy pocas las personas con discapacidad que pueden acceder a un amparo judicial ya sea por desconocimiento de los derechos que los asisten o por falta de tiempo para sumar más trámites a los que la burocracia del gobierno y de la obra social los tienen sumidos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la comunidad que nos ayude a difundir cual es la verdadera situación por la que pasan los afiliados con discapacidad en la Obra Social.
COMISIÓN DE DISCAPACIDAD – CTA AUTÓNOMA