Ushuaia 28 de junio 2018.- La denuncia judicial fue radicada por los actuales integrantes del directorio de la Caja Policial, apuntando a anteriores directorios que firmaron la conformación de sendos fideicomisos con el empresario Walter Agra de la ciudad de Ushuaia.
La presentación se realizó ante el Juzgado de Instrucción 2, a cargo del juez Raúl Sahade, quien ordenó allanamientos en la ciudad de Ushuaia a fin de resguardar la documentación vinculada a los actos administrativos en los que se firmaron los convenios con sociedades, a cargo del empresario Walter Agra, con quien la Caja además posee el contrato de funcionamiento del local Hard Rock Café en Ushuaia, en el inmueble que es propiedad del organismo previsional de los efectivos policiales.
El anterior directorio de la Caja a partir de los convenios firmados con esta sociedad, emprendió dos fideicomisos inmobiliarios; Altos del Michi en Tolhuin y Altos de la Patagonia en Río Grande, el cual actualmente no está vendiendo más terrenos.
Los mismos fueron firmados con las sociedades Financar S.A. y Phoenix S.A., las cuales tienen como denominador común al empresario Walter Agra, siendo allanadas por la Justicia en busca de documentación.
La denuncia apunta a que la Caja aportó una suma cercana a los 13 millones de pesos para conformar la sociedad por Altos del Michi en Tolhuin, cuando esas tierras estaban escrituradas en un valor apenas superior a los 300 mil pesos.
En el caso de Altos de la Patagonia el aporte habría sido mayor en la inversión de la tierra ubicada en inmediaciones del barrio Policial, sobre la cual el privado habría aportado en la sociedad las mejoras y movimiento de suelo para urbanizar.
Muchos de esos terrenos fueron ya vendidos y actualmente la venta está suspendida en razón de la ausencia de servicios y algunos con problemas de titularidad.
Además de los empresario privados, están notificados de derechos y garantías en la causa los comisarios retirados Dardo Estefó, Miguel Picone y Dino Manetti; los cuales habrían suscripto los convenios que son considerados “perjudiciales” para los fondos previsionales de los efectivos policiales de la provincia.
Fuente: Sureño
