Ushuaia 16 de julio 2017.- (Por – Daniel Guzman) El pasado viernes 7 se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del ex Senador José Carlos Martínez, ocurrido un mismo día pero de 2011, cuando un vehículo conducido por cuatro policías impactó con el suyo en la ruta Nacional N° 3, al sur de Río Grande y a 12 km antes de llegar a Tolhuin.
Esa mañana, el Senador viajaba de Río Grande a Ushuaia para participar por teleconferencia de la Comisión de Seguimiento del Fideicomiso Austral que él mismo había logrado materializa. Concurría a la ciudad capital para seguir impulsando una serie de obras de infraestructura básicas para la provincia de Tierra del Fuego, a la cual él representaba.
En 2010 Martínez había logrado que el Poder Ejecutivo Nacional reconociera la particularidad de Tierra del Fuego como provincia marítima y que la coparticipara con un 50 % de las regalías offshore (fuera de costa) en materia de explotación gas y petróleo, y efectivizándolas en obras. Uno de sus objetivos, era desarrollar a través del Fideicomiso, un polo petroquímico que cambiara el esquema productivo de la Provincia y que aporte al mejoramiento de la matriz energética nacional.
Desde ATE al Senado de la Nación
José Martínez inició su militancia política en la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Grande, habiendo sido electo por sus compañeros como Director en el Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) en dos períodos consecutivos. Primeramente entre 1995-1998 y 1998-2001 y luego reelecto para el periodo 2001 – 2003 cuando el organismo se fusionó con el área de salud (ISST) para constituir el recientemente desaparecido Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS).
En 2003 asumió como legislador provincial por el ARI, cargo que ocupó hasta 2007. Y el 28 de octubre de 2007, electo Senador Nacional junto a su compañera de fórmula María Rosa Díaz, en el mismo proceso electoral en que ex gobernador Jorge Colazo volvió a la vida pública, después de haber sido destituido en 2005, por la Legislatura que integraba Martínez.
José Martínez debía cumplir con su rol de Senador por un periodo de 6 años. Por lo su muerte hizo que su mandato hasta el 10 de diciembre de 2013 fuera completado por Osvaldo López.
Además del Fideicomiso Austral, en 2009 redactó, impulsó y logró concretar la sanción de la Ley que le dio vida de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que en marzo de 2013 inició con una matrícula de 530 alumnos, en carreras de grado dependientes de los Institutos de Ciencias Polares, Recursos Naturales y Ambiente; Instituto de Cultura, Sociedad y Estado; Instituto de Desarrollo Económico e Innovación; e Instituto de Educación y Conocimiento.
Durante el verano de 2011, los graves problemas de comunicación que vivió la sociedad de Tierra del Fuego por 16 días de cortes de ruta en el sector chileno, a raíz de un legítimo reclamo de la población magallánica ante el aumento abusivo en el precio del gas domiciliario; Martínez presenta un proyecto de Ley impulsando elevar al rango de “Política de Estado” la necesidad integración marítima y por jurisdicción nacional, de la isla grande de Tierra del Fuego con la provincia de Santa Cruz.
La iniciativa obtuvo rápidamente media sanción en Senadores. Sin embargo José Martínez no llega al 31 de octubre de 2012, fecha en que el proyecto se convirtió en Ley. Su desaparición física ocurrida el 7 de julio de 2011, cortó esa posibilidad, como también de una serie de proyecto de alto valor estratégico sobre el cual venía trabajando en materia de comunicación y transporte como el trazado una línea ferroviaria que permitiera movilizar los contenedores por donde sale la producción industrial hasta Hito 1, punto norte de la Isla y la planificación de una segunda ruta de comunicación provincial, que cumpliera con el objetivo de ser alternativa a la Ruta Nacional N° 3, y factor de desarrollo poblacional.
Una causa judicial que continúa después de muerto
Durante su último mandato como Director de la obra social estatal representando a los trabajadores activos de la Provincial (2001-2003) José Martínez confrontó con el gobierno de Carlos Manfredotti, oponiéndose a las medidas que se estaban tomando de unificar la caja de jubilaciones con la obra social. “En 15 años” la caja previsional no solo dejaría de existir, sino que en el corto tiempo se vería “reducida la posibilidad de una jubilación digna y la calidad de la obra social”, advertía.
También confrontó con el Fiscal de Estado de Tierra del Fuego Virgilio Martínez de Sucre, a quien criticó por haberse auto decretado la no obligatoriedad de aportar a la obra social de la Provincia y decidir por una privada, acusándolo –en el contexto de la unificación de la obra social con la Caja de Jubilaciones a la cual el gobierno de Manfredotti había utilizado sus fondos, sin garantía real de devolución- de ser “cómplice de los grandes intereses corporativos, políticos y económicos que vaciaron la provincia”.
Como Director de Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) y por la desafiliación a la obra social del Estado y contratar una privada, José Martínez elevó a la legislatura de Tierra del Fuego un pedido de destitución contra el Fiscal de Estado, figura contemplada en la Constitución fueguina; que no prosperó.
Virgilio Martínez de Sucre miembro vitalicio del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, que desde mediados de los 90 viene eligiendo a la totalidad de los jueces que constituyen el Poder Judicial de Tierra del Fuego; reclamó ser indemnizado por los daños y perjuicios que dijo haber sufrido al habérsele solicitado su destitución. Argumentó que José Martínez había utilizado la figura del juicio político de forma “maliciosa, abusiva e irresponsable” y por ser criticado a través de la prensa local. Por lo que pidió en 2002 una reparación de su honor en la cifra de 20 mil pesos.
Esas declaraciones, entre otras, bastaron para que la Justicia inicie un largo proceso en su contra, que aún prosigue después de fallecido.
En 2008 la por entonces jueza Adriana Rapposi fallo en contra del Senador, condenándolo por «uso abusivo del derecho de libertad de expresión”. La Cámara de Apelaciones siguió el mismo criterio de la jueza que terminó jubilándose en medio de serias irregularidades.
Diez años después el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego siguió por el mismo carril que las instancias anteriores y le dio la razón al Fiscal. Por lo decidieron que los familiares de Martínez debían abonarle al Fiscal de Estado la suma de 50 mil pesos como forma de resarcimiento.
A fines de 2014, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen a favor del recurso interpuesto por la familia del fallecido Senador Nacional. El órgano que conduce Alejandra Gils Carbó recomendó “hacer lugar al recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada”. Aún resta aguardar si la Corte Suprema de Justicia decide tomar la presentación y resolver sobre la misma.
